En el marco de Expomina Perú 2026, encuentro que se desarrolla en el Centro de Exposiciones Jockey, MINERÍA CHILENA siguió en terreno el panel “Estabilidad, reglas del juego y confianza para la inversión”, instancia que abordó los desafíos que enfrenta la industria ante un escenario de mayor competencia regional y las perspectivas que se abren para el país.

Desde la mirada del Gobierno, Fabrizio Orrego, viceministro de Economía del Perú, relevó la contribución que realiza la actividad extractiva a las arcas fiscales, tanto mediante los recursos ordinarios como a través del canon y las regalías.

“¿Y quién cree que contribuye con gran porcentaje a estos recursos ordinarios? Bueno, la minería”, afirmó.

En esa línea, la autoridad profundizó en el peso que posee la industria dentro de otras fuentes de financiamiento estatal. “Hay un segundo grupo poderoso de los ingresos del sector público, que son los recursos determinados, lo que llamamos el canon y las regalías. Nuevamente, ¿quién cree que contribuye al canon y las regalías? Bueno, los recursos naturales. Y dentro de los recursos naturales, el sector minero”, sostuvo.

Asimismo, Orrego reconoció la necesidad de avanzar en las iniciativas que permiten generar esos recursos y explicó que desde el Ejecutivo existe una instrucción en esa dirección. “También en el Poder Ejecutivo hemos recibido la indicación de la señora presidenta de acelerar los trabajos”, manifestó.

Respecto de las herramientas disponibles, detalló que “hacemos seguimiento a grandes proyectos de inversión, tenemos algunas mesas ejecutivas, hay una mesa ejecutiva del sector minero donde atendemos temas muy específicos”.

El viceministro sintetizó esta relación entre desarrollo productivo y financiamiento estatal enfatizando que “siempre podemos hablar de la calidad del gasto o de inversión, pero necesitamos al sector minero como un aliado”.

Incertidumbre y costo de capital

Desde el ámbito económico, Hugo Perea, chief economist for Perú de BBVA Research, puso el foco en la incidencia que tiene la estabilidad sobre las decisiones empresariales de largo plazo.

“La incertidumbre es un factor que complica la decisión de inversión”, aseguró.

Perea explicó que este vínculo cuenta con amplio respaldo desde el análisis económico: “Ya está muy documentado en realidad en la literatura económica que la inversión y la incertidumbre tienen una relación negativa: a mayor incertidumbre, menor inversión”.

A partir de ello, planteó una interrogante respecto del desempeño alcanzado por Perú durante los últimos años. “Creo que lo que no se está pensando ahí es en el escenario alternativo, el escenario contrafactual: ¿cuánto más hubiéramos crecido si hubiéramos tenido estabilidad?”, puntualizó.

En esa perspectiva, agregó: “Yo sí creo que el haber crecido a tasas mediocres del 2 y medio en los últimos años, en parte ha sido por esa inestabilidad política y que genera más incertidumbre”.

No obstante, el economista observó señales distintas en el escenario actual. “Mira lo que está pasando ahora: hay un mejor ánimo empresarial, se anuncian nuevos proyectos, se optimizan otros, y entonces hay un mejor sentimiento en general vinculado a un escenario en el que se espera una mayor predictibilidad”, aseveró.

Perea también explicó cómo ese factor termina trasladándose directamente al financiamiento. “Yo, prestamista, tengo más dudas sobre tu capacidad de pago porque hay un entorno de incertidumbre que afecta a tu negocio. Entonces, dado ese contexto, te voy a cobrar una prima mayor, las tasas suben, el costo de capital sube y la inversión se ralentiza”, precisó.

Instituciones preparadas para los proyectos

Por su parte, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, centró su intervención en las capacidades del aparato público para responder oportunamente a la tramitación de iniciativas.

“El 80% de las opiniones técnicas que da la ANA y la autoridad del agua están con retraso”, advirtió.

Al aterrizar esa situación específicamente en la actividad minera, añadió que “el retraso promedio es de 20 días, pero en el caso de la minería es 38 días, o sea, es bastante más”.

Frente a este diagnóstico, Gallardo llamó a reforzar los organismos responsables de evaluar y acompañar el desarrollo de inversiones. “Lo que digo es que nos preparemos como país con la institucionalidad necesaria para que instituciones como el SENACE, la ANA, el MINEM, la dirección que ve los procesos de diálogo social, para que estén con las capacidades necesarias para poder hacer estos proyectos viables, que son los que dinamizan a este país”, expresó.

El ejecutivo también relacionó las debilidades institucionales con el avance de la minería ilegal en determinados territorios. “La presencia o la falta, la escasa presencia del Estado en muchas regiones contribuye, ¿no es cierto?, al desarrollo de esta actividad y que no se enfrente de manera adecuada”, complementó.

Fragmentación estatal y pequeña minería

Finalmente, Jaime de Althaus, presidente de Diálogo Social, abordó los efectos que, desde su perspectiva, ha tenido la evolución política peruana sobre las condiciones para invertir.

“Yo creo que esta inestabilidad política, esta volatilidad política, como la he llamado, se sumó a lo que podríamos llamar una volatilidad ideológica”, comentó.

Al evaluar las perspectivas futuras, De Althaus sostuvo que ese periodo estaría llegando a su término. “Pero yo creo que hemos llegado al fin de esa etapa. Es el fin ya del ciclo de inestabilidad política e ideológica, yo creo que ha acabado”, afirmó.

En materia institucional, identificó además una dificultad estructural que, a su juicio, todavía debe ser abordada. “Un problema que prácticamente no tiene solución en el Estado peruano en general es la multiplicación de niveles de gobierno y la tendencia a la fragmentación creciente”, explicó.

El analista trasladó posteriormente esa problemática al ámbito sectorial, recalcando que “hay un problema en relación al tema minero muy grave, que es la distribución de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales”.

De Althaus vinculó esa estructura con las dificultades para regularizar la actividad de menor escala y aseguró que “eso ha generado, pues, el desmanejo total, la imposibilidad de formalizar a los mineros informales”.

De cara a los próximos pasos, apuntó al desafío que enfrenta la autoridad sectorial: “Entonces hay un gran desafío de este Ministerio de Energía y Minas de formalizarlos a una parte importante de ellos antes del 31 de diciembre para no tener que prorrogar el registro”.

En esa misma línea, propuso “redefinir el sistema de competencias, centralizando ya de manera definitiva el manejo de la minería de pequeña escala y de las plantas de tratamiento relativamente pequeñas en manos del gobierno central”.